En mayo de 2023 entra en vigor la norma que pone fin a las calefacciones comunitarias y en Aragón el 30 por ciento de las comunidades no van a llegar a tiempo. Cumplir con las exigencias de Bruselas requiere afrontar la instalación de contadores individuales o repartidores de costes y adaptar calderas e instalaciones.
Los gremios trabajan contrarreloj afrontando la falta de materiales antes del encendido de las calefacciones, que se empezarán a poner en marcha después de las Fiestas del Pilar, momento en el que se tendrán que detener los trabajos.
Un cambio de modelo en los edificios que llega en plena crisis energética. Preocupan los precios y se teme al desabastecimiento que, según los expertos consultados, en España no va a haber.
No hay un dato exacto, pero los profesionales calculan que las comunidades que se han adaptado no llegan al 70 por ciento. Luis Ángel Carbó, gerente de la Asociación de entidades del sistema de la seguridad industrial (AESSIA), que agrupa a todos los gremios del sector, apunta que «no sabemos exactamente cuántas comunidades estaban en esta situación, cuántas han decidido que no había que hacerlo y otras que sí, pero, como suele ocurrir, no creo que estemos llegando al 70% de las que tenían que hacer estos trabajos».
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